CASO ASCENCIO

¿Crimen de Estado? A cuatro años de la tragedia

Por: Alejandro D. Flores Fernández

Felipe Calderón desde un principio mantuvo una postura de protección a los militares que maltrataron, violaron y causaron la muerte de Ernestina Ascencio. Esta postura del ejecutivo, que da la espalda a las pruebas del caso defendiendo al ejercito haciendo uso de mentiras, niega la justicia a los pueblos indígenas de la sierra de Zongolica, que tras la salida a la luz del caso, denunciaron la constante tensión que hay entre ellos y el ejercito y las violaciones que han cometido los mismos con las mujeres del sitio.

            Por su puesto en el ejecutivo, Felipe Calderón, debió mantener una postura que se inclinará de parte de la justicia en este caso. Pero al parecer su gobierno que no cuenta con el apoyo de más de la mitad del pueblo de México (que no le da su lugar a los trabajadores, que ha permitido que Cargill, Gruma y Bimbo y las televisoras hagan de las suyas, que mantuvo a pesar de las exigencias de la ciudadanía de Oaxaca a un gobernador indeseado sobre los derechos humanos y democráticos del pueblo que, dando seguimiento a la labor de Carlos Salinas de Gortari, está dando puerta abierta a una nueva dominación eclesiástica y que mantiene al país en una guerra sin salida) necesita de esa institución militar para consolidar su débil imagen.

            El entonces gobernador del Estado de Veracruz había mantenido una postura que hacia ver la verdad, que en realidad se había ultrajado a Doña Ernestina y que sus familiares y habitantes de la sierra de Zongolica decían la verdad y tenían la razón en exigir justicia.

            Pero tras la llegada de Calderón al Estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán cambió su discurso dando carpetazo al caso y dejando atrás esa postura de justicia y preocupación por el pueblo.

            Entonces se debió entender que los familiares de Doña Ernestina mintieron y que ella murió por un caso de salud ajeno al maltrato y ultraje por parte de los soldados. Desde luego sabemos que no es así, más aún, los habitantes del estado de Veracruz que tuvimos las primeras informaciones del caso.

            Cabe preguntarse sobre los intereses que están involucrados en ese acuerdo que de manera desvergonzada le arrebata a la gente sus derechos constitucionales. Vale la pena que el nuevo gobernador Javier Duarte revise el caso que a todas luces es vergonzoso para un país que se dice democrático y que ha firmado diversos acuerdos en materia de derechos humanos.

            No debemos dejar solos a esos pueblos que históricamente han sido presa de injusticias y traiciones, tomemos una postura de respaldo e indignación racional e informada.
               Tomemos en cuenta que el pueblo es quien modifica su propia historia, por eso, debemos dar seguimiento a un caso de injusticia que no debe quedar impune a favor de intereses llenos de egoísmo y descaro.